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 EL DELITO DE IMPAGO DE PENSIÓN DE ALIMENTOS. LETRADOS DIRECTOS ABOGADOS ESPECIALISTAS.

 Contenido:

1. ¿Qué es el delito de impago de pensión de alimentos?

2. ¿Qué y a quien se protege con este ilícito penal?

3. ¿Dónde se regula el delito de impago de pensión de alimentos?

4. ¿Es necesario que la persona agraviada denuncie el delito de impago de pensión de alimentos para que se pueda perseguir como delito?

5. ¿Pueden denunciar los progenitores un impago de pensiones cuando el beneficiario de la pensión de alimentos es mayor de edad?

6. ¿Qué requisitos deben de darse para que pueda procederse penalmente por un delito de impago de pensión de alimentos?

7.  Una vez que se procede penalmente por un delito de impago de pensiones, ¿Qué requisitos son necesarios para que pueda condenarse por este delito?

8. ¿Es delito el impago parcial de la pensión de alimentos? 

9. ¿Quién debe de probar la posibilidad o imposibilidad de pagar la pensión de alimentos?

10. ¿Puede ser delito el impago de otras prestaciones diferentes al impago de la pensión de alimentos, tales como el impago de la obligación del pago de la hipoteca de la vivienda que fuera el domicilio conyugal?

11. ¿Qué cantidades impagadas puedo reclamar? ¿Las impagadas hasta que interpongo la denuncia o la impagadas hasta que se celebra el juicio oral?

12. ¿Cuándo prescribe el delito de impago de pensión de alimentos?

13. ¿Cómo iniciar el procedimiento penal para reclamar el impago de pensión de alimentos?

14. ¿Cuál es la pena en caso de condena?

 

Los abogados penalistas de Letrados Directos son especialistas en el delito de impago de pensión de alimentos, en el presente artículo le explicamos las características esencial de este ilícito penal.

1. ¿Qué es el delito de impago de pensión de alimentos?

El delito de impago de pensiones de alimentos viene regulado en el artículo 227 del Código Penal, y se consuma cuando se deja de pagar dos meses consecutivos cuatro no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor del cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicial aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de los hijos

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El delito de impago de pensiones de alimentos puede configurarse, en palabras del Tribunal Supremo (Sentencia de la Sala Segunda de fecha 17/03/2021, Rec: 2293/ 2019), como una conducta de violencia económicaAsí nos dice el Tribunal Supremo: "Todo ello determina que podamos denominar a estas conductas como violencia económica cuando se producen impago de pensiones alimenticias. Y ello, por suponer el incumplimiento de una obligación que no debería exigirse ni por ley ni por resolución judicial, sino que debería cumplirse por el propio convencimiento del obligado a cubrir la necesidad de sus hijos; todo ello desde el punto de vista del enfoque que de obligación de derecho natural tiene la obligación al pago de alimentos"

2. ¿Qué y a quien se protege con este ilícito penal?

El delito de impago de alimentos lo que pretende es proteger a los miembros más débiles de la unidad familiar frente al incumplimiento de los deberes asistenciales por el obligado a prestarlos, según establece la Sentencia del Tribunal Supremo Número 346/ 2020, de fecha 25/ 06/ 2020, Rec: 1859/ 2019.

Según esta misma Sentencia: "...el bien jurídico protegido no es el cumplimiento de una resolución judicial, sino el derecho de asistencia económica a que tienen derecho determinados miembros de una unidad familiar"

3. ¿Dónde se regula el delito de impago de pensión de alimentos?

Según la legislación vigente el no pagar la pensión de alimentos , siempre que sea delito, tiene una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses. Así lo regula el artículo 227 del Código Penal::  

"1. El que dejare de pagar dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicial aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.

2. Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra prestación económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el apartado anterior.

3. La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas"

4. ¿Es necesario que la persona agraviada denuncie el delito de impago de pensión de alimentos para que se pueda perseguir como delito?

Por otro lado, el artículo 228 del Código Penal dispone que: "Los delitos previstos en los dos artículos anteriores, sólo se perseguirán previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquella sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal"

Por tanto, deberá de denunciar la persona afectada o agraviada por el impago de la pensión de alimentos, o el Ministerio Fiscal en caso de menores de edad, personas con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida.

5. ¿Pueden denunciar los progenitores un impago de pensiones cuando el beneficiario de la pensión de alimentos es mayor de edad?

El Tribunal Supremo ha establecido que si puede denunciar el progenitor que convive con el hijo/a mayor de edad y sufraga los gastos no cubiertos por la pensión impagada.

Así la Sentencia núm. 557/ 2020 del Tribunal Supremo de fecha 29/10/2020, dice:

"En consecuencia, entendemos que el término "persona agraviada", en una interpretación teleológica y amplia del termino contenido en el artículo 228 CP, incluye tanto a los titulares o beneficiarios de la prestación económica debida como al progenitor que convive con el hijo o hija mayor de edad y sufraga los gastos no cubiertos por la pensión impagada, y ello porque los mismos, tal y como ha reconocido de forma reiterada la Sala Civil del Tribunal Supremo, tienen un interés legítimo, jurídicamente digno de protección. Además, no existe duda de que el progenitor conviviente con el alimentista es una de las personas que soporta las consecuencias inmediatas de la actividad criminal, llevada a cabo por el otro progenitor que impaga la pensión alimenticia a los hijos hijos, por lo que debe ser considerado agraviado a los efectos de tener legitimación para formular la preceptiva denuncia e instar así su pago en vía penal"

6. ¿Qué requisitos deben de darse para que pueda procederse penalmente por un delito de impago de pensión de alimentos?

La Sentencia núm. 557/ 2020 del Tribunal Supremo, de fecha 29/10/2020 nos dice cual es el requisito de procedibilidad para que se pueda proceder penalmente contra una determinada persona por un delito de impago de alimentos. Y estos son:

"1º La denuncia previa a la que se refiere el art. 228 es un requisito de procedibilidad.

2º La falta de denuncia es un vicio de simple anulabilidad que puede subsanarse cuando la persona agraviada manifiesta su voluntad de denunciar los hechos ante la autoridad correspondiente, incluyo iniciado ya el procedimiento.

3º Es válida la denuncia formulada por el padre o madre receptor de la prestación cuando se refiere a cantidades no abonadas durante la minoría de edad del hijo o hija, así como cuando se trate de personas con discapacidad necesitada de especial protección, aunque estos hayan adquirido la mayoría de edad cuando se formula la denuncia.

4º Es válida la denuncia formulada por el progenitor que convive con el hijo o hija mayor de edad y sufraga los gastos no cubiertos por la pensión impagada, es este caso gozaría de legitimación activa para interponer la preceptiva denuncia e instar así su pago en vía penal, lo que supondría una legitimación compartida tanto por los alimentistas mayores de edad como por los progenitores con los que convive."

7.  Una vez que se procede penalmente por un delito de impago de pensiones, ¿Qué requisitos son necesarios para que pueda condenarse por este delito?

Para que pueda condenarse por un delito de impago de pensión de alimentos deben de cumplirse dos requisitos, uno objetivo y otro subjetivo.

El requisito objetivo no es otro que el que se deje de pagar una determinada prestación económica establecida en una resolución judicial.

El segundo requisito es de carácter subjetivo, y radica en poder acreditar que el hecho de que no se paga esta prestación económica no viene determinada por una imposibilidad de su pago. En otra palabras hay que acreditar que quién no paga, no lo hace a pesar de que su situación económica se lo permitiría; por ejemplo, si una persona está obligada a pagar una pensión de alimentos y con posterioridad a la imposición de esa pensión de alimentos deja de percibir cantidad alguna por razón de su trabajo o cualquier otro concepto, ello no sería susceptible de condena por un delito de impago de alimentos.

En este aspecto, la Sentencia del Tribunal Supremo. Sala Segunda, Número 1301/2005, de 08/11/2005, Rec: 2048/ 2004 nos dice: "Tiene razón el recurrente cuando afirma que el tipo del delito no se cumple únicamente por la realización objetiva del hecho. El tipo del injusto está compuesto no sólo de los elementos objetivos de naturaleza descriptiva o normativa. La acción de una persona, subsumible en un tipo penal, no es un simple proceso causal ajeno a la voluntad de esa persona, sino que estos son regidos por una voluntad, susceptible de ser graduada.

Esa vertiente subjetiva a diferencia de la objetiva, es más dificil de probar, pues no aparece exteriorizada mediante un comportamiento sino que es precisa deducirla de un comportamiento externo. "

En este mismo sentido la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Número 348/ 2020, Recurso: 387/2019 nos dice cuales son los elementos constitutivos del tipo penal del delito de impago de pensiones:

"a) La existencia de una resolución judicial firme o convenio aprobado por la autoridad judicial competente que establezca cualquier tipo de prestación económica a favor de un cónyuge o de los hijos del matrimonio.

b) Una conducta omisiva por parte del obligado al pago consistente en el impago reiterado de la prestación económica fijada durante los plazos establecidos en el precepto, que actualmente son dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos.

c) Un elemento subjetivo configurado por el conocimiento de la resolución judicial y la voluntad de incumplir la obligación de prestación que aquélla impone. En este requisito se integra también la posibilidad del sujeto de atender la obligación impuesta, toda vez que cuando el agente se encuentra en una situación de imposibilidad constatada de satisfacer la prestación, esta situación objetiva excluye la voluntariedad de la conducta típica y la consecuente ausencia de la culpabilidad por estar ausente el elemento de la antijurididad, que vendría jurídicamente fundamentado en una situación objetiva de estado de necesidad o, mas correctamente, en la concurrencia de una causa de inexigibilidad de otra conducta distinta a la realizada por el sujeto"

8. ¿Es delito el impago parcial de la pensión de alimentos? 

La respuesta a esta cuestión no es automática, y habrá que ver en cada caso concreto si puede condenarse un impago parcial de una pensión de alimentos (ejemplo, una persona tiene declarado por resolución judicial la obligación de pagar la cantidad mensual de 500 euros en concepto de pensión de alimentos, y solo paga cada mes 300 Euros). Según el Tribunal Supremo la cuestión habrá de determinarse en función de las circunstancias concurrentes.

Así, la Sentencia del Tribunal Supremo Número 185/ 2001, de fecha 13/02/2001, Recurso Número 4467/ 1998, nos dice: "Lo anteriormente expuesto ha de completarse en un doble sentido: A) En los casos de cumplimiento parcial del débito económico debe rechazarse cualquier formal automatismo que convierta en acción típica todo lo que no se un íntegro y total cumplimiento de la prestación económica. La antijuridicidad material de la conducta- y no sólo la antijuridicidad formal de su subsunción típica- exige la sustancial lesión del bien jurídico protegido. De ahí que ni todo abono parcial de la deuda conduce a la atipicidad de la conducta, ni ésta se convierte en delictiva cuando lo insatisfecho es de tan escasa importancia en relación con lo pagado que resulta irrelevante para integrar el delito del artículo 227.1º del Código Penal. Tal cuestión habrá de determinarse en caso concreto en función de las circunstancias concurrentes, excluyendo interpretaciones que supongan la consagración de la prisión por deudas con olvido de que en definitiva se trata de una modalidad típica del abandono de familia.



9. ¿Quién debe de probar la posibilidad o imposibilidad de pagar la pensión de alimentos?

El Tribunal Supremo no exige que sea la acusación la que tenga que probar que el investigado dispone de medios bastantes para pagar la pensión de alimentos, por tanto y a sensu contrario deberá de ser el investigado por el delito quien alegue esta circunstancia.

La Sentencia del Tribunal Supremo Número 185/ 2001, de fecha 13/02/2001, Recurso Número 4467/ 1998, preceptúa que:

"En segundo lugar, de la inexistencia del delito en los casos de imposibilidad de pago no se sigue que la acusación deba probar, además de la resolución judicial y de la conducta omisiva, la disponibilidad de medios bastantes por el acusado para pagar, pues siendo este dato uno de los factores a valorar en la resolución que establezca la prestación, y siendo susceptible de actualización o alteración por modificación de las circunstancias, el hecho mismo de que se haya establecido judicialmente y se mantenga su importe permite inicialmente inferir de manera razonable la posibilidad de pago por el deudor y por lo mismo la voluntariedad de su omisión. Ahora bien: esto no obsta la posibilidad de que por el acusado se pruebe la concurrencia de circunstancias que hayan hecho imposible el pago, acreditándose así la ausencia de dolo en el impago de la prestación debida"

10. ¿Puede ser delito el impago de otras prestaciones diferentes al impago de la pensión de alimentos, tales como el impago de la obligación del pago de la hipoteca de la vivienda que fuera el domicilio conyugal?

El artículo 227.2 del Código Penal expresa que: "Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra prestación económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el apartado anterior"

En consecuencia, no solo puede ser delito el impago de una pensión de alimentos, sino también el impago de otras obligaciones tales como las del abono de la cuota de la hipoteca.

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo Número 348/ 2020, de fecha 25/06/2020, Recurso 387/ 2019 dice que: "Conforme a lo expuesto, debe concluirse estimando que las cuotas hipotecarias constituyen una prestación económica en su sentido legal y gramatical, a cargo de ambos progenitores, con independencia de su naturaleza como carga del matrimonio o como deuda de la sociedad de gananciales. Como tal integra el elemento del tipo exigido por el artículo 227.1 del Código Penal. Y en consecuencia, las cuantías adeudadas por este concepto integran el daño procedente del delito que ha de ser reparado conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del mismo precepto"

11. ¿Qué cantidades impagadas puedo reclamar? ¿Las impagadas hasta que interpongo la denuncia o la impagadas hasta que se celebra el juicio oral?

Nuestro Tribunal Supremo tiene establecido que se podrán reclamar en concepto de responsabilidad civil todas las cantidades impagadas hasta la celebración del acto del juicio oral. Por tanto, no solo se pueden reclamar las cantidades debidas en el momento que se denuncia, sino también todas aquellas que se devenguen durante toda la tramitación del procedimiento penal hasta la fecha en que se celebre el acto del juicio oral.

Así lo expresa la Sentencia del Tribunal Supremo Número 346/ 2020, de fecha 25/06/2020, Rec: 1859/ 2019: "El periodo objeto de enjuiciamiento debe comprender hasta el momento procesal del acto del juicio oral, ya que ningún menoscabo a la defensa del acusado puede ocasionar el hecho de que todos los impagos ocurridos hasta ese momento se incorporen a la pretensión acusatoria planteada tras la práctica de las pruebas en el juicio oral, pues en tales casos el acusado pudo perfectamente defenderse de esa imputación"

La Sentencia 435/ 2015 de la Sección 1 de la Audiencia Provincial de Madrid viene exigiendo que tal petición de que las cantidades impagadas abarquen hasta el acto del juicio oral debe ser expresamente solicitada por la acusación.  Así nos señala: "Es decir, para que la extensión tanto fáctica como de la responsabilidad civil pueda llevarse a efecto es evidente que ha de ser solicitada por el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras, bien en el escrito de calificación provisional o bien en el momento de elevar a definitivas sus conclusiones, al objeto de poder defenderse el acusado de forma contradictoria frente a tal imputación. Lo que no no ha sucedido en este caso, en el que el Ministerio Fiscal, única parte acusadora, no modificó en el acto del juicio la petición efectuada en el escrito de calificación provisional conforme a la cual el acusado debía satisfacer las cantidades a que judicialmente estaba obligado desde marzo de 2009 a junio de 2013, por lo que la sentencia, al ampliar este periodo hasta el momento de celebración del juicio oral sin solicitarlo parte alguna ha vulnerado el principio acusatorio ya que el derecho de defensa se articula siempre con relación a la acusación formulada expresa y concretamente" (La negrita y el subrayado es nuestro). En el mismo sentido se expresa la sentencia del Tribunal Supremo 346/ 2020.

Por otro lado el Tribunal Supremo tiene establecido, en su Sentencia núm. 285/ 2022 de fecha 23/03/2022, que: 

"Pues bien, esa obligación civil- pago de pensiones- impuestas en sentencia (que en rigor puede reclamarse en el mismo proceso de ejecución en familia, aunque exista un proceso penal en trámite) no es responsabilidad civil que nazca de un delito. Se generó ante. Es una obligación nacida de la ley. No se transforma por el hecho de que su incumplimiento haya podido dar lugar a un proceso penal en el que viene a ser exigida. Sigue siendo la misma obligación, con indéntico régimen, y con idéntico obligado, aunque pueda convertirse en objeto accesorio del proceso penal

De ahí podemos concluir que no juega para esa obligación el régimen de prescripción de la responsabilidad civil nacida de delito, sino el específico de esa obligación que lleva a un plazo de cinco años en el derecho común y tres en el derecho civil catalán. Ni tampoco el régimen de sujetos obligados civilmente de los arts. 118 y ss. CP.

Por la misma razón que una pensión alimenticia fijada ex art. 193 CP no atraería plazos de prescripción diferentes a los específicos marcados por la la legislación civil".

Es decir, según parece indicar la transcrita resolución del Tribunal Supremo, no podrán reclamarse en concepto de responsabilidad civil derivada del delito las pensiones impagadas prescritas conforme a la legislación civil, y cuyo plazo está fijado en cinco años en el derecho común y tres en el derecho civil catalán. 

Este criterio ya había sido asumido, con anterioridad, por determinada Jurisprudencia de las Audiencias Provinciales. Así, la Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante Nº 310/ 2020, de fecha 16 de junio de 2020, ya establecía:

"Partiendo de esta división de criterios, este Tribunal, considera, conforme se argumenta en la SAP Madrid Sección 17ª de 11 de junio de 2018 # arriba citada: "que el plazo de prescripción de la acción civil derivada del impago de las pensiones y del deber de reparación del daño mediante el pago de la cuantía adeudada a que se ref‌iere el art 237-3 CP, debe de ser de cinco años en atención a las siguientes razones:


- Como primer argumento, debe de signif‌icarse que el art 227-1 CP establece lo siguiente: "El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de f‌iliación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos,......" Ello supone que en sentido estricto, la responsabilidad civil no nace de la condena por el delito, sino que nace del incumplimiento de la prestación civil económica debida por haber sido establecida en un convenio o resolución judicial. Pese al perjuicio que se origina al sujeto pasivo por la frustración del cobro, al preexistir las respectivas deudas a la conducta delictiva de su incumplimiento en el sentido que determinan los tipos delictivos, dichas deudas constituyen su precondición y nunca su consecuencia dañosa, de manera que el cumplimiento de las obligaciones difícilmente cabe considerarlo como resarcimiento ex damno, el propio de la responsabilidad civil, y sí sólo como simple incumplimiento de obligaciones preexistentes, contractuales o con origen en la ley.

Es decir, en realidad la prestación civil es previa y preexistente al ilícito penal, pues el delito solo se produce y surge cuando se deja de abonar la prestación económica debida y f‌ijada en una previa resolución civil. Lo que establece la obligación de reparar el daño no es la comisión del delito, sino que es al revés, lo que establece un ilícito penal es la resolución previa civil y solo el dejar de pagar dos meses consecutivos o cuatro alternos es lo que determina el nacimiento del delito, pero la obligación civil era previa y nació cuando se incumplió lo resuelto en la sentencia que estableció la debida prestación alimenticia.

- La prestación debatida es una prestación alimenticia; lo que supone que debe de ser de aplicación el precepto especial sobre el general, y por lo tanto, es de preferente aplicación el art 1966 CCiv., que es un precepto especial en relación con las prestaciones alimenticias sobre el art 1964 CCiv., referente a las obligaciones personales en general; y prueba de ello es que el art 1964 CCiv. es subsidiario y solo se aplica en defecto de plazo especial.

- En todo caso, después de la reciente reforma del art 1964 CCiv. operada por la DF Primera de la Ley 42/2015 en vigor desde el 6-10-2015 la cuestión ha perdido vigencia, pues conforme a esa reforma del art 1964 CCiv. el plazo general de prescripción de las obligaciones personales pasa a ser de cinco años; todo ello sin olvidar que la nueva redacción del precepto analizado sería favorable al obligado al pago y que la "mens legislatoris" pone de manif‌iesto la voluntad legislativa de reducir el plazo de prescripción y de establecer una coordinación con otros preceptos del Ordenamiento Jurídico y por ello dice la Exposición de Motivos de la Ley 42/20015 dice: "Con ello se obtiene un equilibrio entre los intereses del acreedor en la conservación de su pretensión y la necesidad de asegurar un plazo máximo. La disposición transitoria relativa a esta materia permite la aplicación a las acciones personales nacidas antes de la entrada en vigor de esta Ley, de un régimen también más equilibrado, surtiendo efecto el nuevo plazo de cinco años".

Es decir, aun cuando en aplicación del Art. 1939 del Código Civil el nuevo precepto no sería de directa aplicación en este caso; sin embargo, se pone de manif‌iesto que el plazo de prescripción de 15 años es desproporcionado en relación con la concreta prestación debida, que, en nuestro caso es una prestación alimenticia.

- Esta solución acogida por el Tribunal de entenderse que el plazo de prescripción de la acción civil es de cinco años, resulta, además, coherente con el principio de unidad del Ordenamiento Jurídico; pues no puede olvidarse que para la ejecución de los títulos judiciales se f‌ija un plazo de caducidad de cinco años en el art 518 LECV.

Ello supone que no tendría sentido, ni coherencia interna que el plazo de prescripción de la acción para reclamar las pensiones alimenticias debidas fuera, si se sigue causa penal, de 15 años y si no concurre delito (menos de dos mensualidades o de cuatro alternas) o no se realiza denuncia penal, como permite el art 228 CP, la ejecutividad del título sea de cinco años, cuando el título del que deriva la responsabilidad es el mismo, esto es: la sentencia judicial, bien dictada en un proceso contencioso, bien en un proceso de mutuo acuerdo que aprueba el correspondiente convenio entre los esposos".

Conforme a la corriente doctrinal a la que nos hemos declarado afectos, entendemos, con estimación del recurso, que la prescripción de la acción civil se interrumpió desde la presentación de la denuncia, con fecha 10 de julio de 2018."


12. ¿Cuándo prescribe el delito de impago de pensión de alimentos?

El plazo de prescripción del delito de impago de pensiones de alimentos es de cinco años, y este plazo comenzará a computarse desde que cese el impago. Por tanto, mientras siga produciéndose el impago no comienza a contarse el plazo de prescripción.


13. ¿Cómo iniciar el procedimiento penal para reclamar el impago de pensión de alimentos?

Para denunciar el impago de una pensión alimenticia habrá que presentar una denuncia en la Policía o en el Juzgado de guardia. Será necesario aportar la resolución judicial que traiga causa a la pensión de alimentos impagada, así como especificar el importe debido.

14. ¿Cuál es la pena en caso de condena?

Según el artículo 227 del Código Penal, la pena por no pagar la pensión de alimentos podrá ser de prisión de 3 meses a 1 año, o bien la pena de multa de 6 a 24 meses.

El presente artículo ha sido redactado por los abogados de Letrados Directos en base a sus conocimientos y experiencia, sin perjuicio de mejor criterio. La información que se ofrece a través del sitio web es meramente informativa de carácter general, y por tanto, no puede entenderse que constituya asesoramiento legal ni profesional de ningún tipo. El uso de esta web implica la asunción de lo estipulado en el AVISO LEGAL.


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